Conflicto de poder en el cricket indio: BCCI vs Gobierno

La batalla por el control del cricket indio ya no se libra solo en los estadios. Ahora también se juega en los tribunales.

Un reciente movimiento en el High Court de Odisha, en el caso sobre las elecciones de la Odisha Cricket Association (OCA), ha encendido las alarmas en las asociaciones estatales afiliadas a la Board of Control for Cricket in India (BCCI). En el centro del conflicto, una pregunta incómoda: ¿quién manda de verdad en el cricket indio, la BCCI o el Estado bajo el nuevo National Sports Governance Act, aprobado en 2025?

La postura de la BCCI: el cricket, fuera del nuevo marco

En un affidavit presentado ante el tribunal y autorizado por el secretario de la BCCI, Devajit Saikia, el mensaje es claro: la OCA debe ir a elecciones bajo la constitución vigente de la BCCI, la que se reformó en 2019 tras las recomendaciones del Lodha Committee.

La clave está en una frase contundente del escrito legal: aunque el National Sports Governance Act, 2025 ya está en vigor, el cricket no ha sido notificado como “designated sport”. Traducido al terreno político: la BCCI sostiene que la nueva ley no se le aplica y deja ver su resistencia a quedar bajo el paraguas del National Sports Board (NSB).

Ese matiz jurídico ha desatado confusión en cadena. Varias asociaciones estatales daban por hecho que podían aplazar sus elecciones hasta diciembre de 2026, amparadas en una notificación del Ministerio de Deportes emitida el pasado diciembre. De repente, el suelo se les mueve.

El punto de fricción: el periodo de enfriamiento

Ahí se concentra la verdadera lucha de poder.
El periodo de enfriamiento para los dirigentes.

La constitución de la BCCI, moldeada tras el fallo de la Corte Suprema y las recomendaciones del Lodha Committee, limita la continuidad de los cargos: no más de dos mandatos consecutivos y obligación de un periodo de descanso antes de volver.

El National Sports Governance Act va por otro camino. No fija periodo de enfriamiento y, además, relaja ciertas disposiciones sobre conflicto de intereses. Para muchos dirigentes, un salvavidas. Para los defensores de la reforma judicial, un retroceso.

En su affidavit, la BCCI subraya que la propia Odisha Cricket Association tiene disposiciones similares que impiden que un directivo siga más de dos mandatos consecutivos. Y remata: es “imperativo” celebrar elecciones a tiempo para evitar que alguien se perpetúe en el cargo y para “mantener el espíritu” de la sentencia de la Corte Suprema.

La fecha clave ya está marcada: la próxima audiencia en el High Court de Odisha será el 1 de septiembre. Lo que ahí se decida puede marcar tendencia para todo el mapa del cricket indio.

Gobierno, Parlamento y un mensaje que ahora chirría

El giro es llamativo si se mira hacia atrás.

En un debate parlamentario en agosto de 2025, el diputado por Vijayawada y presidente de la Andhra Cricket Association, Kesineni Sivanath, no solo respaldó el proyecto de ley; también aseguró que la BCCI ya cumplía con sus principios básicos. En aquel momento se subrayó que el Gobierno había eximido a la BCCI de entrar en el ámbito de la Right to Information (RTI) Act, al no depender de fondos públicos.

En mayo, la Central Information Commission reforzó esa línea al excluir formalmente a la BCCI de la RTI Act y al calificar las recomendaciones del Lodha Committee como “de carácter consultivo”. Un matiz que ahora cobra un peso inesperado: si son solo recomendaciones, ¿hasta qué punto la BCCI puede usarlas como escudo frente al Gobierno cuando le conviene?

El resultado es un escenario en el que cada frase legal se convierte en munición política.

Asociaciones estatales en el limbo

En los despachos de las asociaciones estatales reina la incertidumbre. Un alto cargo, citado por Times of India, lo resumió sin rodeos: si el Gobierno ha notificado que las entidades deportivas pueden aplazar elecciones hasta diciembre de 2026, cualquier unidad estatal asumirá que puede esperar hasta entonces para renovar determinados cargos.

Pero la BCCI ha movido la portería.

El mismo dirigente advierte de otro efecto colateral: las “fuerzas de poder” dentro de la BCCI siempre han defendido la continuidad administrativa como un valor central. Si la junta se niega a alinearse con las directrices del Gobierno, esa continuidad puede saltar por los aires justo cuando los nuevos directivos empiezan a ganar experiencia.

El problema ya no es solo de calendario. Es de reglas del juego.
Las asociaciones necesitan saber si deben obedecer el National Sports Governance Act o la constitución de la BCCI. Dos marcos, dos lógicas, un solo deporte en medio.

El tablero interno de la BCCI

La propia BCCI no está al margen de este choque.

La junta celebró sus elecciones el pasado septiembre, antes de la notificación del Ministerio de Deportes. En ese ciclo, el vicepresidente Rajiv Shukla completará seis años en el cargo el año próximo. El secretario Devajit Saikia atraviesa su segundo mandato como directivo y alcanzará también los seis años en 2028, momento en que debería entrar en periodo de enfriamiento según la constitución de la BCCI.

Ese detalle es crucial.
Si en algún momento la BCCI queda bajo la órbita del NSB y del National Sports Governance Act, el periodo de enfriamiento dejaría de ser obligatorio para sus dirigentes. La puerta a mandatos más largos se abriría de par en par.

Por ahora, la BCCI se aferra a su propia carta magna, al fallo de la Corte Suprema y a la condición no notificada del cricket dentro de la nueva ley. El Gobierno, por su parte, ha enviado una señal política con su normativa y sus avisos.

El siguiente movimiento se jugará en un tribunal de Odisha, pero el eco alcanzará a todo el cricket indio. La pregunta es inevitable: ¿será esta batalla el inicio de una nueva era de control estatal o el enésimo capítulo en el esfuerzo de la BCCI por blindar su autonomía?