Senado de EE. UU. aprueba Protect College Sports Act

El Senado de Estados Unidos dio este martes un paso clave en la batalla por el futuro del deporte universitario al aprobar el avance del Protect College Sports Act, un proyecto de ley respaldado por la NCAA que busca imponer reglas federales en medio de un panorama que cambia a toda velocidad.

El resultado fue contundente: 74 votos a favor y 24 en contra, muy por encima de los 60 necesarios para superar este primer filtro. El calendario para la votación final aún no está definido, y el texto tendrá que superar también la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley. Pero el mensaje político ya está lanzado: Washington quiere meter mano en el tablero del deporte universitario.

Un intento de poner orden en el caos

El Protect College Sports Act es el último gran intento de fijar un estándar nacional para unas normas que, en los últimos años, se han ido troceando en juzgados estatales. Elegibilidad, compensación, transferencias… todo se ha ido decidiendo a golpe de demanda y medidas cautelares.

Esas decisiones han dinamitado reglas que llevaban décadas vigentes y han abierto la puerta a que los atletas cambien de universidad con una libertad inédita o reciban pagos directos de sus centros. Lo que antes era un ecosistema rígido y controlado por la NCAA se ha convertido en un mercado mucho más agresivo, con programas pujando por talento en un entorno legal inestable.

El proyecto busca precisamente cerrar esa grieta. Aspira a fijar un marco nacional sobre cuestiones clave: cuántos años de elegibilidad tiene un deportista, cuántas veces puede cambiar de universidad, bajo qué condiciones puede recibir compensación y qué límites existen en ese terreno. Un solo libro de reglas para todos, del fútbol americano a el baloncesto masculino y femenino.

Un blindaje para la NCAA

El texto no solo ordena el mapa; también protege al regulador. El Protect College Sports Act otorgaría a la NCAA una exención antimonopolio, blindando sus normas frente a futuras demandas. Las grandes ligas profesionales, como la NFL y la NBA, ya operan bajo exenciones similares, con una diferencia crucial: en esos casos, las reglas se negocian mediante convenios colectivos con sindicatos de jugadores.

En el deporte universitario no existe esa mesa de negociación. Ese es uno de los puntos que más irrita a los críticos del proyecto: un poder reforzado para la NCAA sin un contrapeso equivalente por parte de los atletas.

El impulso político al texto llega desde los dos partidos. El proyecto fue presentado este año por el senador Ted Cruz, republicano por Texas, y la senadora Maria Cantwell, demócrata por Washington. La NCAA lleva años presionando al Congreso para lograr una ley federal amplia que frene el mosaico de decisiones estatales que ha transformado la naturaleza del deporte universitario, sobre todo en el fútbol americano y el baloncesto.

En ese contexto, las voces del banquillo también han entrado en la arena pública. El entrenador de baloncesto masculino de Gonzaga, Mark Few, se alineó con los impulsores del proyecto. “Este proyecto quizá no sea perfecto, pero es, de lejos, lo mejor que tenemos ahora mismo”, afirmó el lunes, flanqueado por Cruz y Cantwell.

Un frente de oposición poderoso

El texto, sin embargo, está lejos de generar consenso. Entre sus críticos figuran el Congressional Black Caucus y la NAACP, dos actores con peso político y social que ven en la propuesta un freno a la creciente capacidad de los atletas —muchos de ellos afroamericanos en los deportes de mayor impacto económico— para negociar mejores condiciones.

Uno de los opositores más combativos ha sido el senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, que ha convertido este debate en una de sus banderas. “Este proyecto protege los miles de millones de dólares que entrenadores y ejecutivos de la industria deportiva están ganando gracias a la supresión de la compensación para algunos de los atletas más valiosos del mundo”, señaló el lunes ante los medios. Su acusación fue directa: “Lo que se nos pide es permitir que universidades, conferencias y la NCAA coludan ilegalmente”.

El choque no se libra solo en los pasillos del Capitolio. Se ha trasladado al corazón del consumo deportivo en Estados Unidos. Cruz apareció recientemente en “College GameDay” de ESPN, el programa de previa más influyente del fútbol americano universitario, para defender el proyecto ante una audiencia masiva. Murphy respondió en otro escenario mediático de alto impacto, el pódcast “Straight Shooter” de Stephen A. Smith, llevando la contraofensiva a uno de los micrófonos más escuchados del país.

Un deporte en la encrucijada

El Protect College Sports Act llega en un momento en el que la frontera entre deporte universitario y profesional se difumina como nunca. Los acuerdos de nombre, imagen y semejanza (NIL), la libertad de transferencias y los litigios constantes han cambiado la ecuación económica y competitiva del sistema.

Para unos, este proyecto es el freno necesario a un desorden que amenaza con romper el modelo desde dentro. Para otros, es un candado legal que perpetúa un negocio multimillonario levantado sobre atletas que siguen, en muchos casos, sin participar de forma justa en los ingresos que generan.

El Senado ya ha movido ficha. La siguiente posesión será de la Cámara de Representantes. Y mientras tanto, en los despachos de la NCAA, de las conferencias y de las universidades, la pregunta es inevitable: ¿quién marcará realmente las reglas del juego en la próxima era del deporte universitario estadounidense?