John Setka y su lucha legal contra la AFL: sin arrepentimiento

John Setka, el exjefe de la poderosa rama victoriana del sindicato de la construcción CFMEU, no muestra arrepentimiento pese a admitir que quebrantó la ley laboral al intentar forzar la salida del máximo responsable de arbitraje de la AFL, Stephen McBurney.

Se enfrenta a una multa de hasta 18.730 dólares, pero el verdadero golpe podría llegar por otro lado: el sindicato se ha negado a cubrir sus costas legales, lo que abre la puerta a una factura mucho más abultada para el otrora hombre fuerte del movimiento obrero.

La campaña contra McBurney

La causa ante el Tribunal Federal gira en torno a una serie de publicaciones en redes sociales y apariciones mediáticas de Setka a mediados de 2024, cuando aún era secretario de la CFMEU en Victoria. Durante dos semanas, lanzó amenazas públicas de que el sindicato retrasaría o perturbaría proyectos de construcción vinculados a la AFL si la liga no despedía a McBurney.

“Esto le va a costar a la AFL un montón de maldito dinero. Espero que valga la pena”, llegó a decir. Y redobló la apuesta: “Los proyectos sin nuestra plena cooperación van a ser una maldita miseria para ellos. Van a arrepentirse del día en que lo contrataron”.

El problema no fue solo el tono. La Fair Work Ombudsman (FWO) sostuvo que esas exigencias constituían coerción ilegal porque estaban directamente relacionadas con la labor previa de McBurney como Australian Building and Construction Commissioner (ABCC), cargo desde el cual participó en más de 50 causas judiciales contra la CFMEU entre 2018 y 2023.

Durante una rueda de prensa, Setka lo tildó de “fanático” y afirmó que “odia a los sindicatos” y “odia a los trabajadores en general”. En redes sociales, difundió además una imagen de McBurney en un falso cartel con la leyenda: “(Not) Wanted Dead or Alive”.

El viernes, los abogados de Setka y de la CFMEU admitieron ante el Tribunal Federal que se habían producido infracciones a la Fair Work Act.

Un líder caído en medio del torbellino

Setka no se presentó a la audiencia. Su abogada, Margo Harris, pidió que la sanción no fuera severa. Argumentó que su cliente está retirado, en pleno proceso de divorcio y dedicado en gran medida al cuidado de su madre anciana.

Harris trató de rebajar el carácter planificado de la ofensiva pública contra McBurney. Sostuvo que no había pruebas de que Setka hubiera “buscado activamente” la atención mediática, pese a haber concedido entrevistas a diarios, radio y televisión en las que reclamó que la AFL despidiera al responsable de los árbitros.

Según su defensa, Setka no habría emprendido de forma “deliberada” una campaña mediática. El juez del Tribunal Federal, John Snaden, pidió entonces que precisara el alcance de esa afirmación. Harris respondió que el nivel de intencionalidad podía graduarse: las declaraciones se habrían producido “en el flujo” de las entrevistas, como respuestas a preguntas de los periodistas.

La FWO no compró esa lectura. Su abogado, Marc Felman, fue tajante: nadie obligó a Setka a hablar. “No puede caber duda de que esto es una campaña mediática”, sostuvo. Y calificó las violaciones de la Fair Work Act como “muy, muy graves”.

Felman subrayó que Setka no es el primero que pide la cabeza de un árbitro en la AFL, pero en este caso la línea se cruzó porque la presión se vinculó de manera directa con el trabajo legal y previo de McBurney como comisionado del ABCC.

La AFL respaldó a McBurney en ese momento. El exárbitro de cuatro finales sigue hoy al frente del área de arbitraje de la liga.

Un sindicato en transición y bajo la lupa

El proceso judicial llega en un momento especialmente delicado para el sector. El caso estalla apenas tres días antes del inicio de las audiencias de la Royal Commission de Victoria sobre los proyectos de infraestructura del “Big Build” del gobierno estatal, marcados por denuncias de corrupción y crimen organizado.

Setka abandonó la CFMEU semanas después de sus ataques verbales a McBurney y encara, por separado, cargos penales por presunto acoso a los administradores que ahora controlan el sindicato.

La propia CFMEU se sienta también en el banquillo en este caso de Fair Work. Podría recibir una multa de hasta 93.900 dólares. Su abogado, Andrew White, pidió moderación en la sanción y trató de marcar distancia con la era Setka. Aseguró que la nueva dirección ya no considera infringir la ley como “el coste de hacer negocios”.

Según White, el cambio cultural se ha empezado a consolidar tras la salida o destitución de cientos de cuadros vinculados a la etapa de Setka. “Está arraigando una nueva cultura de sindicalismo legal pero combativo”, afirmó.

El mensaje es claro: el sindicato quiere convencer al tribunal de que el problema pertenece al pasado, personificado en su antiguo líder, mientras la organización intenta recomponer su imagen en pleno escrutinio público.

La última palabra la tendrá el juez Snaden, que fijará en una fecha posterior las sanciones tanto para John Setka como para la CFMEU. Cuando lo haga, no solo se medirá el castigo a un hombre y a un sindicato: quedará marcado hasta dónde está dispuesto a llegar el sistema para contener a un movimiento obrero que, durante años, jugó al filo de la ley.